Jorge David García, octubre de 2014
Artículo publicado en la revista Pillku
Yo soy de México, un país en el que hace mes y medio entró en vigor una ley de telecomunicaciones que, entre otros desvaríos, legaliza la vigilancia comunicacional y exige a las empresas concesionarias la retención de datos personales por dos años, así como su entrega a las autoridades “competentes” sin necesidad de orden judicial, bajo el supuesto de que este sistema de rastreo masivo servirá para apoyar a la ya de por sí fallida estrategia de seguridad nacional. En un marco legislativo profundamente centralizado en el gobierno federal y en el monopolio de las redes de comunicación, no es de sorprender que no exista ningún artículo dedicado a las plataformas de operación de los sistemas digitales, ni mucho menos a la implementación específica de software libre como un medio para fortalecer la soberanía y eficiencia institucional de este país. Esta carencia, además de ser una manifestación del proyecto de privatización y presunta modernización neoliberal de las políticas de nuestro Estado, es un síntoma de la falta de interés en las experiencias del sur, concretamente en las de los países caribeños y sudamericanos que en la última década han protagonizado una toma de conciencia sobre la importancia de que la tecnología digital conforme un espacio libre, soberano y democrático, al servicio de un proyecto social que amalgame las posibilidades tecnológicas de nuestro tiempo con ese “nuevo descubrimiento del agua” que es la cooperación y la organización comunitaria. Toma de conciencia que ha nacido de las demandas ciudadanas y de los grupos activistas que trabajan “desde la base”, pero que desde hace algunos años ha sido también objeto de importantes reformas gubernamentales que, decepcionantemente, no sirvieron de ejemplo a la reciente reforma mexicana. Pero esa es, como dijera Michael Ende, otra historia que deberá ser contada en otra ocasión.
La historia que en esta ocasión nos ocupa es la de este sur al que el gobierno de mi país no ha volteado todavía, pese a todo lo que de ésta tenemos por aprender. Aunque debemos aclarar que este artículo no pretende idealizar un proyecto que, ciertamente, está sujeto a toda clase de contradicciones y se desenvuelve al interior de complejos procesos políticos que aún están muy lejos de superar la centralización informativa, la brecha tecno-cultural y las adversas condiciones socioeconómicas que existen en cada caso, es importante reconocer los avances que países como Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina y Cuba están teniendo en materia de software libre, reconocimiento que tendría que venir acompañado de un balance crítico sobre los beneficios y las limitaciones que la utilización de este tipo de tecnologías tienen en dichas naciones. Para entrar en materia, comenzaremos repasando brevemente el estado de la cuestión.
El gobierno de Brasil fue pionero mundial en implementar leyes y programas que priorizan el uso del software libre en la administración pública y en diferentes instituciones educativas y culturales. Este proyecto, que comenzó en el año 2002 en el estado de Rio Grande do Sul y posteriormente fue extendido por la administración de Lula da Silva a nivel del gobierno federal, actualmente constituye uno de los casos más exitosos en esta materia, aún frente al enorme reto que implica la implementación de leyes y medidas de migración al software libre dentro de un territorio tan amplio como el de esta nación.
En lo que respecta a Bolivia, destaca la llamada Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, mejor conocida como Ley 164, promulgada por el gobierno de Evo Morales en 2011. Concretamente, es de nuestro interés el artículo 77 de dicha ley, que indica que “los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos”. De acuerdo con el decreto reglamentario de la Ley 164, publicado en noviembre de 2013, la administración boliviana migrará a software libre de manera gradual en el lapso de los siete años posteriores a tal decreto.
Pasando a hablar de Venezuela, en 2004 se aprobó el decreto presidencial 3,390, en el que el gobierno de Hugo Chávez establecía el uso preferencial de software libre en toda la administración pública y en los programas de educación básica. Un aspecto relevante de esta ley es la promoción a adecuar los sistemas operativos libres a las particularidades culturales indígenas.
Ecuador, por su parte, también instituyó una ley presidencial que establece el software libre como política pública, misma que mediante del conocido decreto 1014 fue publicada en abril de 2008. Cabe agregar que desde los primeros meses de su mandato en 2006, Rafael Correa manifestó abiertamente su interés por este tema, y desde entonces ha sido un importante promotor de la soberanía digital y un abierto simpatizante del activismo informático, como se evidencia con el asilo político que desde la embajada de Ecuador en Londres ha prestado por dos años al creador de WikiLeaks, Julian Assange.
Siguiendo la misma lógica que los países anteriores, el gobierno de José Mujica en Uruguay implementó el año pasado la Ley 19,179, que además de establecer también el software libre como política de Estado y de promover su aplicación al campo educativo, exige a las diversas instancias gubernamentales que distribuyan a la ciudadanía su información en formatos libres y abiertos.
Argentina, un tanto atrasada en la aplicación de estas reformas, está actualmente considerando la creación de una ley de software libre que aplique en todo el país, para lo cual existe una propuesta que hace algunos meses fue girada al senado. Hay que decir, sin embargo, que la provincia de Santa Fe cuenta desde 2004 con la Ley 12,360 que establece medidas similares a las de los países antes mencionados, y que junto con las reformas brasileñas y venezolanas fue pionera en este escenario.
Finalmente, por el lado del Caribe tenemos el ejemplo de Cuba, que en el año 2005 inició un proyecto progresivo de migración de las instituciones públicas a software libre, mismo que en el 2012 tuvo un nuevo impulso que buscaba agilizar esta transición. Dado que el bloqueo económico a esta isla ha hecho difícil la actualización de equipo computacional, este es un caso en el que el uso de software libre se vuelve no sólo una conveniencia, sino una verdadera necesidad de generar programas compatibles con los equipos existentes.
Para coronar este recuento, leamos la siguiente declaración, que constituyó el ítem 45 de los 59 puntos firmados por los Estados del MERCOSUR en la reunión que sostuvieron el 12 de julio de 2013:
[Las presidentas y presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela]
Apoyaron el desarrollo de software libre, que permitirá potenciar el desarrollo regional de soluciones en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs), a fin de lograr una verdadera apropiación, promoción del libre conocimiento y transferencia tecnológica, reduciendo la dependencia de soluciones provistas por trasnacionales del sector o por empresas no dispuestas a respetar las industrias nacientes de la región.
Afirmaron el interés de promover el uso de software libre en los programas nacionales destinados a la inclusión digital.
Ratificaron la necesidad de impulsar y fomentar la concreción de normas a nivel del MERCOSUR para la efectiva implementación de políticas de fomento de uso, desarrollo, implementación, investigación y transferencia tecnológica basados en el modelo de software libre.
Con esta referencia, podemos dimensionar la importancia que el tema del software libre está teniendo en la actualidad para varios gobiernos latinoamericanos, siendo así que éstos lo consideran como una vía efectiva para combatir la dependencia y para lograr una verdadera apropiación tecnológica y una promoción del libre conocimiento. ¿Pero cómo es que un asunto aparentemente técnico como la implementación de cierto tipo de software puede traer tal cantidad de beneficios sociales, al punto de tener la prioridad que está teniendo para los gobiernos de esta región? Para responder esta pregunta, es necesario considerar algunos rasgos generales no sólo del software libre como tal, sino también del movimiento social que subyace a este recurso.
En 1983, el conocido programador estadounidense Richard Stallman fundó el movimiento GNU, que comenzó como un proyecto de sistema operativo y aplicaciones informáticas “libres” que funcionaran de manera que el usuario tuviera cuatro libertades básicas: primeramente la libertad de utilizar los programas para cualquier propósito; en segundo lugar, la de estudiar el código de dichos programas y, en su caso, hacer modificaciones al mismo para adaptarlo a las necesidades del usuario; en tercero, la de copiar y distribuir libremente el software, sea de manera gratuita o bajo el precio considerado libremente por el distribuidor; y en cuarto lugar, la libertad de distribuir copias de versiones modificadas, contribuyendo de este modo al desarrollo tanto de los programas como de la comunidad que se genera en torno a éstos. Cabe agregar un aspecto adicional de la definición stallmaniana de software libre, que es el llamado principio copyleft, el cual consiste en el requerimiento de que todas las versiones derivadas de este tipo de programas mantengan, necesariamente, las cuatro libertades mencionadas, lo que implica que el código fuente debe estar siempre disponible para ser estudiado y modificado, y que no es posible imponer medidas de copyright distintas a las que garantizan esta definición. Sobre este último punto, hay que aclarar que el software libre se sustenta legalmente en una licencia llamada General Public Licence (GPL), que utiliza la legislación estadounidense del copyright para hacer uso del derecho que, como autores que son, tienen los programadores para decidir la forma en la que quieren compartir y restringir el uso de sus productos.
Un rasgo fundamental del software libre, enfatizado una y otra vez por el propio Stallman, es el hecho de que éste no tiene que ser necesariamente gratuito, pues su objetivo esencial es la libertad y no el precio o la gratuidad que se establezca para las copias del software. No obstante, al existir la libertad de copiar un programa y dar, además, acceso a su código fuente, lo más común es que el usuario tenga, aún en el caso de las aplicaciones que se distribuyen bajo cierto costo, la posibilidad de conseguirlas también de manera gratuita. En ese sentido, para que un proyecto de esta naturaleza pueda ser sustentable económicamente, e incluso constituirse bajo modelos comerciales, es fundamental generar comunidades que decidan pagar una cantidad que consideren razonable, aun a sabiendas de que podrían evitarlo, y aún bajo la consigna, muchas veces subrayada por este programador,de que el conocimiento y la información en sí mismos no pueden ser objeto de apropiaciones privativas, pues son recursos comunes que pertenecen por igual a toda la humanidad, por ser siempre resultantes de un bagaje cultural en el que todas las personas contribuyen. Este es, como puede suponerse, un tema complicado cuyo abordaje requeriría de un análisis que excede los objetivos de esta ponencia. Sin embargo, sí es importante dejar anotado que el propósito de este movimiento no es generar un repositorio de programas gratuitos, sino un sistema de producción que favorezca la cooperación y la compartición que, aunque difícilmente pueden ser oficialmente negadas como derechos sociales, son inhibidas por el sistema de producción capitalista que se ve manifestado en la privatización informática. Veamos lo que Stallman tiene que decir a este respecto:
Las computadoras modernas (…) tenían sus propios sistemas operativos, pero ninguno de ellos era software libre (…). Esto significó que el primer paso para usar una computadora fue prometer que no ayudarías a tu vecino. De ese modo, la comunidad cooperativa fue prohibida. La regla impuesta por los dueños del software propietario fue: “si compartes con tu vecino, eres un pirata. Si quieres hacer cualquier modificación a los programas, debes rogarnos para que nosostros la hagamos.iv
Enfrentar estos retos requiere de muchos tipos de esfuerzo. Pero lo que necesitamos por encima de todo, para confrontar cualquier tipo de reto, es recordar el objetivo primordial que es la libertad para cooperar. (…) Necesitamos el tipo de determinación que la gente tiene cuando lucha por su libertad y por su comunidad…
(Richard Stallman, Free software, free society, p.16,52)
Después de esta revisión general de los principales aspectos del movimiento stallmaniano, volvamos a nuestro tema central y preguntémonos de qué manera los gobiernos latinoamericanos están encontrando en esta clase de tecnología un campo efectivo para lograr espacios de libertad y para promover la cooperación y los procesos comunitarios. Para empezar, hay que observar que aunque dijimos ya que el asunto de la gratuidad no es el que define al software libre, al nivel de las administraciones estatales de un país ése es un elemento crucial que permite un ahorro económico bastante considerable, factor que ha sido determinante para que los gobiernos se convenzan de la conveniencia de migrar a este modelo y lo legitimen ante las diversas instancias ciudadanas y administrativas. Ahora bien, aunque en un primer momento el dejar de pagar licencias a corporaciones como Microsoft tiene un obvio impacto financiero, en el fondo esto tiene repercusiones mucho más profundas, pues rompe con un sistema de dependencia en el que empresas trasnacionales tienen el control sobre las plataformas en las que operan gobiernos presuntamente soberanos. Esto, además de condicionar la manera en la que las administraciones públicas se organizan, implica un riesgo nada desdeñable a la privacidad y a la seguridad nacionales, riesgo que frente a las revelaciones de personajes como Chelsea Manning, Edward Snowden y Julian Assange puso alerta a los gobiernos comentados, sobre todo en la medida en la que éstos, en diferentes medidas pero todos de manera explícita, se posicionan como antagónicos a la dominación estadounidense y a su imposición del capitalismo neoliberal como sistema global. Esta perspectiva queda clara en la siguiente declaración del ingeniero Allan Pierra Fuentes, jefe del Grupo Técnico Nacional para la Emigración al Software Libre en Cuba: “la transición al software libre en el empleo de las nuevas tecnologías es una prioridad inmediata para Cuba porque si continuamos utilizando programas de factura extranjera corremos el riesgo de ser atacados por enemigos de la Revolución”.
Un segundo beneficio que los gobiernos sudamericanos han encontrado en la migración al software libre, es la adaptación de sus sistemas informáticos a las necesidades específicas de cada proyecto. Esto, además de generar empleos locales y permitir que el mantenimiento y solución de errores de sistema se dé por parte de los programadores que trabajan en las propias instituciones, y no por técnicos enviados desde las corporaciones, ha dado lugar a que varios países generen sus propios sistemas operativos, sea para promover, como promulgara Hugo Chávez en el decreto 3,390, la adecuación de los sistemas a las necesidades etno-culturales, o para adaptarse a las condiciones tecnológicas de cada región. En el caso de Cuba, como dijimos ya, el bloqueo económico que Estados Unidos impone ha sido un elemento fundamental para llevar a cabo la programación del sistema operativo Nova, mismo que opera en computadoras que para Microsoft y Macintosh resultan obsoletas pero que en Cuba siguen siendo útiles. Lula da Silva, en un discurso que en la comunidad de programadores se ha vuelto emblemático, explica lo anterior de la siguiente manera:
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GXh0vLfNyPw]
Aunado a lo anterior, existe un tercer beneficio que se desprende del uso y la promoción del software libre desde las administraciones gubernamentales, y que consiste en la posible apropiación ya no sólo de las herramientas informáticas en sí mismas, sino del modelo económico y social que el software libre trae implícito en su manera de funcionar y que puede ser aplicado a diferentes ámbitos de la cultura. Para explicar este punto, el siguiente fragmento de un discurso de Hugo Chávez hablan por sí solo:
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RmTm0nDzlpA]
El discurso de Chávez es representativo de una manera amplia de entender las implicaciones que la apropiación y adecuación de la tecnología, la información y el conocimiento pueden llegar a tener. Partiendo de la máxima stallmaniana de que el conocimiento es un recurso común que no puede poseerse de manera privada, las palabras del dirigente venezolano dejan ver un aspecto esencial de este debate, que es el hecho de que hablar de información y de código es, en nuestros tiempos, hablar también de recursos naturales e incluso de la vida. Esto es especialmente evidente en campos como la ingeniería genética y la biotecnología, en los que los temas de la propiedad intelectual y el libre acceso al código cobran gran relevancia y son determinantes de la forma en la que estos saberes se aplican y distribuyen. Hay que reconocer, sin embargo, que pocos son los gobiernos que entienden a profundidad el impacto que los principios del software libre pueden tener en ámbitos tan diversos, y que aún cuando lo entienden no es fácil imaginar cómo esta concepción podría ser llevada con éxito a proyectos de administración pública a gran escala.
Llegados a este punto, es momento de invitar a nuestro drama a un nuevo actor que es el también estadounidense abogado Lawrence Lessig. Desde los primeros años de nuestro siglo, Lessig ha sido uno de los principales representantes a nivel mundial del denominado movimiento de cultura libre, el cual, bajo las propias consideraciones del abogado, es una iniciativa derivada del software libre y de la obra teórica de Stallman. En términos generales, lo que los activistas de la cultura libre proponen es extender las cuatro libertades del código informático hacia ámbitos tan diversos como el arte y los medios de comunicación, pasando por las patentes farmacéuticas y por la investigación académica, entre otras áreas de la cultura. Una de las propuestas teóricas que mejor describen a la cultura libre, es el libro de Lessig Cultura Libre, cuyo tema central es la propiedad intelectual, y cuyo argumento transversal es que las ideas en sí mismas no deberían ser objeto de leyes de propiedad intelectual, sino ser, en términos similares a los de Stallman, pertenecientes a un recurso común; en lo que respecta a los productos que se generan a partir de tales ideas, cualquier autor debería tener la posibilidad de decidir de qué manera quiere compartirlos, en vez de que el gobierno y el mercado decidan por default que toda producción debe ser “protegida” con un modelo particularmente restrictivo de copyright.
Volviendo a sudamérica, el movimiento de cultura libre ha tenido su propia vida en esta región. Hay que decir, no obstante, que la penetración que ha tenido en los proyectos gubernamentales es mucho menor que la que ha tenido el movimiento de software libre. Entre los espacios en los que estas otras formas de libertad y acceso al conocimiento son más visibles, destacan la organización Creative Commons y la fundación Wikimedia, ambos organismos internacionales que tienen organizaciones locales en la mayoría de los países sudamericanos y que se caracterizan por defender, cada cual desde su nicho, la libre circulación cultural y el acceso al conocimiento. Por otra parte, vimos ya que dentro del “paquete” del software libre y la soberanía tecnológica hay iniciativas gubernamentales que están abriendo la discusión hacia sectores como la educación básica y el acceso a la información pública, aunque esto no compensa la extensa transformación que podría darse si las libertades del código se aplicaran de manera sistemática en distintos espacios de la cultura que todavía tienen poca presencia dentro de los proyectos políticos de las naciones que hemos incluido en nuestro análisis.
Ya que estamos mirando hacia las limitaciones y carencias de las políticas de libertad social que desde la perspectiva propuesta están teniendo lugar al interior de dichos gobiernos, es importante mencionar un hecho que, por obvio que parezca, no puede faltar en un balance sobre la implementación sudamericana de los principios del software libre. Nos referimos al hecho de que las leyes y los decretos presidenciales, aunque tienen un efecto positivo sobre la recepción y opinión de la ciudadanía en este terreno, no necesariamente se traducen en acciones concretas o, dicho de otro modo, no son necesariamente respetadas por las instancias que deberían acatar las leyes. Existe, ciertamente, resistencia por parte de empresas e instituciones que están acostumbradas al software privativo o que se ven directamente beneficiadas por su utilización, y que por ende se verían afectadas si migraran. Aunque en las agencias de administración pública que dependen directamente de la presidencia puede ser más fácil garantizar la migración efectiva, en instituciones como escuelas o instancias de gobierno local esto es más difícil de controlar. Además, hay que preguntarnos hasta qué punto todas estas iniciativas seguirán teniendo fuerza una vez que los gobiernos de los presidentes específicos que las apoyan finalicen, sobre todo si llegara a quedar en el poder la oposición. El caso de Brasil y de Venezuela, que hoy en día tienen jefes de Estado distintos a los que iniciaron estas reformas, ha logrado una continuidad en este asunto, pero ambos sucesores pertenecían al equipo del gobernante anterior. Hay que aceptar, por otro lado, que a pesar del avance que desde las altas esferas gubernamentales se ha tenido, esto no se ve todavía reflejado en una aceptación y preferencia masiva de la ciudadanía hacia esta alternativa informática. De modo que podemos tener diversas oficinas funcionando con software libre, pero millones de personas tienen en sus computadoras personales, en sus teléfonos celulares, en sus ipods e incluso en sus relojes, sistemas operativos y aplicaciones privativas que son las que verdaderamente determinan el impacto social que la tecnología tiene en los usuarios de una determinada nación. Y por si fuera poco, regresando a nuestro cuestionamiento sobre la posibilidad de aplicar los principios de la compartición libre a otro tipo de ámbitos culturales, hay que admitir que si en el caso del software han habido, a pesar de todo, importantes y reconocibles avances, en campos en los que la tecnología sigue estando condicionada por la producción estadounidense y/o europea es mucho más difícil visualizar un progreso significativo.
Por todas aquellas razones, es importante decir que, aunque el tema de esta reflexión ha sido la incorporación del software libre -y más marginalmente de la cultura libre- a las políticas de Estado, el verdadero cambio que podría darse en este campo tendría que venir de la base social, esto es, de la ciudadanía, y no de los gobiernos que al final de cuentas son siempre transitorios y están inmersos en una red de intereses, conflictos y puntos de vista encontrados. El movimiento de software libre nació como una iniciativa ciudadana, y así se ha mantenido desde su surgimiento hasta la actualidad, y el hecho de que muchos gobiernos estén adoptando sus principios y herramientas no debería hacernos olvidar su carácter social “de base”, sino acaso abrirnos puertas en las que somos los activistas, las organizaciones civiles, y sobre todo los ciudadanos “comunes corrientes”, quienes podemos hacer la diferencia migrando hacia sistemas de producción y de consumo más libres y solidarios. Lo anterior nos lleva a una pregunta que, aunque no ha sido central en nuestro escrito, en el fondo es la más importante para nuestros argumentos: ¿qué beneficios obtiene la ciudadanía, es decir, las personas y colectivos que habitan en un país determinado, de las políticas de software y cultura libres que han tomado sus respectivos gobiernos?
Comenzamos este artículo refiriendo a una reciente ley de telecomunicaciones en México que sirve como contra-ejemplo para responder a la pregunta anterior. Si hemos dicho ya que la implementación gubernamental de software libre fortalece la soberanía de una nación, igualmente podemos decir que su utilización por parte de la ciudadanía puede brindar autonomía, privacidad y seguridad a las personas o grupos que dependen de la tecnología digital para sus actividades cotidianas. Mientras que la ley mexicana demanda la vigilancia masiva y la retención legal de datos personales, existen diversos programas que facilitan a los usuarios la protección de su información y la privacidad en sus comunicaciones personales; por otro lado, el hecho de tener acceso al código de las aplicaciones y los sistemas operativos abre la posibilidad de que las organizaciones, empresas, escuelas, etc., los adapten a sus propias necesidades y los configuren para que sus datos privados se encuentren resguardados. Es importante recordar en este punto que, para que un software se considere efectivamente libre, es imprescindible que nadie pueda restringir su utilización, compartición y modificación, por lo que los gobiernos que lo implementan no tendrían facultad de privar de tales derechos a sus ciudadanos. Está de más decir que estas consideraciones pueden perder aplicabilidad ya sea por la corrupción o negligencia tanto por la parte gubernamental como por la civil, pero el hecho de que las leyes que se mencionaron antes favorezcan la privacidad y autonomía de la ciudadanía genera por lo menos un marco de legalidad que puede ser defendido cuando tales derechos sea violentados. En términos jurídicos, este proceso es contrario al que se generó con la ley de Telecomunicaciones en México, al brindar ésta un marco legislativo para que la privacidad y soberanía ciudadana sean negadas.
El momento histórico en el que nos encontramos se caracteriza por una fuerte tensión entre quienes ven en las tecnologías digitales un medio para la libertad y la autonomía, y quienes ven, por el contrario, la posibilidad de fortalecer con éstas el control, la dependencia y la vigilancia masiva. Obviamente éste es un debate que tendría que tomar en cuenta una larga serie de elementos, entre los que el uso de software libre es sólo uno. Pero es un elemento particularmente útil para entender los riesgos y las potencias que dichas tecnologías tienen, y uno cuya aplicación ha tenido especial impacto entre los gobiernos progresistas de América Latina, y también entre muchos colectivos y personas que trabajan en éste y otros territorios.